León XIV predica la acogida en España mientras el Estado Vaticano castiga con cárcel a quien cruce su frontera
León XIV ha llegado a España con la migración por bandera. El lema del viaje, «Alzad la mirada», envuelve un mensaje muy concreto contra la «polarización» y el «odio al inmigrante», y por primera vez un Papa se dirigirá a los políticos desde el hemiciclo del Congreso. La escenografía es impecable. El problema es lo que queda fuera del plano: el microestado desde el que se predica la frontera abierta es uno de los territorios más blindados del mundo.
No es una sospecha, es derecho positivo. El Decreto N. DCCX, firmado en diciembre de 2024 por el cardenal Fernando Vérgez Alzaga, presidente entonces de la Comisión Pontificia del Estado de la Ciudad del Vaticano, castiga con uno a cuatro años de cárcel y multa de 10.000 a 25.000 euros a quien entre en su territorio «con violenza, minaccia o inganno». Y precisa que se entiende entrar «con engaño» el simple hecho de eludir los controles de frontera. A ello se suman agravantes por vehículo, prohibición de acceso de hasta quince años y sanciones por sobrevolar sin permiso. La Ciudad del Vaticano tiene, además, una de las legislaciones de ciudadanía y residencia más estrictas de Europa: nacionalidad no hereditaria, revocable, residencia tasada. Muro alto y portón cerrado.
Aquí no hay contradicción real, sino doble vara. Hacia dentro, el Vaticano gobierna como un Estado prudente que regula quién entra y quién se queda. Hacia fuera, exige a las naciones cristianas lo contrario: que abran de par en par lo que él mantiene sellado. Es la hipocresía farisaica que el Señor reprochó a quienes «atan cargas pesadas y las echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas» (Mt 23, 4). Roma carga sobre Europa un deber que se dispensa a sí misma.
Conviene separar el muro del sermón. El muro vaticano es perfectamente católico: la doctrina perenne siempre reconoció el derecho y el deber del Estado de ordenar sus fronteras en orden al bien común. Santo Tomás distingue al extranjero de paso de quien pretende incorporarse al pueblo (S. Th. I-II, q. 105, a. 3), y Pío XII, en Exsul Familia, defendió el derecho a emigrar pero subordinado al bien común de las naciones receptoras, nunca como absoluto. Lo que choca con la Tradición no es la cautela del microestado, sino el sermón que la contradice: la transformación de la acogida en dogma sentimental y en pieza de un proyecto de fraternidad universal sin Cristo, donde la nación, la frontera y la patria cristiana estorban.
Porque ese es el fondo. La apología migratoria de la iglesia conciliar no brota del Evangelio, sino del programa: una humanidad sin fronteras, sin banderas y sin altar, el «nuevo orden» que sustituye el Reinado social de Cristo por una hermandad genérica de la ONU. Y conviene recordar a quién corresponde realmente la caridad: la patria es un bien que el cuarto mandamiento manda honrar, y el orden de la caridad empieza por los más próximos. Disolver el pueblo cristiano en nombre de una compasión abstracta no es virtud, es su falsificación.
El espectáculo de estos días lo resume todo: un Papa que sermonea a España sobre acogida desde un país que mete en la cárcel a quien salte su tapia. Ante esta corte de novedades, el católico hace bien en mirar dónde están la coherencia y la doctrina de siempre, y pedir a la Virgen del Pilar que España no confunda la caridad con su falsificación.
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