El pasado 13 de mayo, el cardenal Víctor Manuel Fernández —»Tucho», prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe— firmó una declaración oficial advirtiendo que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) consumará un «acto cismático» si procede, como anunció, a ordenar cuatro obispos el próximo 1° de julio sin mandato pontificio. La adhesión formal a ese cisma, recuerda el documento, «constituye una grave ofensa a Dios y comporta la excomunión establecida por el derecho de la Iglesia». El papa León XIV, añade Fernández, «continúa rezando» para que los lefebvristas «vuelvan sobre sus pasos».
La causa es estrictamente canónica: solo el Romano Pontífice puede consagrar obispos o autorizar su consagración. Sin ese mandato, tanto consagrante como consagrado incurren en excomunión latae sententiae, como ocurrió en 1988 cuando Wojtyla excomulgó a Marcel Lefebvre y a los cuatro obispos que ordenó por su cuenta. Roma intentó negociar: el 12 de febrero, Fernández recibió al superior general de la Fraternidad, Davide Pagliarani, y ofreció diálogo teológico a cambio de suspender las ordenaciones. Una semana después, los lefebvristas rechazaron la propuesta.
Hasta aquí, los hechos. Pero el contraste con lo ocurrido apenas dos semanas antes es lo que vuelve grotesca la escena. El 27 de abril, León XIV recibió en el Vaticano a Sarah Mullally, primera mujer entronizada como arzobispa de Canterbury —una «papisa anglicana», en rigor, dado que los anglicanos no reconocen la autoridad del Papa, niegan dogmas marianos y rechazan el celibato. La Iglesia trató a Mullally como interlocutora cuasi-equivalente: discursos sobre la «unidad», oración compartida en la Capilla Urbano VIII, fotografías oficiales. La misma Roma que tolera, y aun celebra, a quien encarna la ruptura material con el orden sacramental católico desde hace cinco siglos, amenaza con el rayo de la excomunión a sacerdotes que rezan en latín y profesan íntegro el Credo de Trento.
Y está Pagliarani. Calificó el encuentro con Mullally como «abominables y grotescas», se proclama «católico tradicional», reconoce a León XIV como Papa legítimo y, sin embargo, se dispone a desobedecerlo en la materia más grave —la sucesión apostólica—. No es coherencia: es un cisma de facto disfrazado de fidelidad. Quien se arroga el derecho de ordenar obispos contra el Papa al que dice obedecer, se ha colocado por encima del Papa. Lo proclama Sumo Pontífice y lo trata como subordinado.
Uno hereje desvergonzado, capaz de equiparar al sacerdocio católico a quien lo niega; el otro cismático cínico, que practica la ruptura mientras predica la fidelidad. Entre ambos sostienen el espectáculo que más erosiona la poca fe que queda: la sospecha de que, en lo alto y en los márgenes, nadie cree ya del todo lo que dice creer.